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Ver la Versión Completa : Minería en Guatemala



admin
20/01/2014, 19:41
Según una encuesta publicada el día de hoy por Prensa Libre, el 66% de la población guatemalteca está en contra de las actividades mineras en el país. El Ministerio de Energía y Minas es el encargad de regular la política de minería en Guatemala. Estos son algunos datos sobre la minería en nuestro país:



Los principales minerales que se explotan son el oro, plata, cinc, plomo, cobre, mercurio, hierro, níquel y cobalto.
Sololá es el único departamento que no tiene emitida ni en trámite ninguna licencia.
La Ley de Minería e Hidrocarburos especifíca que las empresas mineras están obligadas a pagar el 1% de sus regalías al Estado.
El Gobierno y las empresas extractoras acordaron subir voluntariamente al 5% las regalías al Estado en el 2012.
El sector minero generó más de Q24.8 millones para el Estado en el 2012. En el 2011, fueron Q35.7 millones. Estas cifras no incluyen el ISR.
Se han extendido licencias para exploración minera en todo el litoral pacífico de Guatemala.
Existen actualmente 283 licencias de explotación minera vigentes y 144 en trámite. Además, continúan vigentes 76 licencias de exploración minera y existen 451 procesos para licencias de exploración en el MEM.


Según el presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, toda la actividad de ese gremio podría generar al Estado al menos Q1,500 millones en impuestos por extracción de minerales. Pero otros sectores consideran que la explotación minera no es un buen negocio para Guatemala, ya que consideran que el país está "regalando sus recursos".

La industria minera, si se maneja responsablemente, podría suponer grandes oportunidades de desarrollo para el país, y sobre todo para las comunidades directamente afectadas. Sin embargo, las empresas mineras han fracasado rotundamente en cambiar la percepción de la opinión pública, lo cual ha quedado claramente evidenciado en el alto porcentaje de rechazo a la minería.

Crees que se pueda desarrollar la industria minera en Guatemala de manera responsable? Qué ventajas y desventajas consideras que tiene la explotación minera en nuestro país?

Marcelo
20/01/2014, 20:08
Desafortunadamente el tema de la minería en Guatemala está muy politizado, la mayoría de la información de la que se dispone es la que brindan los medios, y en muchas ocasiones se trata de conflictos entre campesinos y las empresas mineras. Y como hemos visto una y tantas veces, solo se necesita de un campesino bochinchero para que se arme un gran revuelo.

Me gustaría saber más del tema, porque hay muchos países que explotan sus recursos de manera responsable aportandoles grandes beneficios, como empleo, desarrollo comunitario, ingresos de divisas, desarrollo de industrias paralelas, etc.

No sé qué porcentaje de regalías sería el adecuado, definitivamente 1% me parece demasiado poco, pero hasta qué punto se haría poco atractiva la exploración y explotación minera dejando a toda la gente que depende de ella sin trabajo? 10%? 15%? Es sin dudas una industria con muchos riesgos, si como dice las empresas mineras trabajaran más en proporcionar datos quizás el porcentaje de rechazo sería menor. Pero mientras no exista esa información lo único que tendremos serán las noticias de los conflictos mineros.

mario
21/01/2014, 17:53
El problema es que ni aquí, ni en casi cualquier otro lugar del mundo, la actividad minera no se hace de forma responsable. Les dejo un articulo muy interesante al respecto publicada por Johanna Barrios:

El actual modelo de “Desarrollo” en América Latina, promueve y prioriza el crecimiento económico por sobre las demás dimensiones que implica la noción de desarrollo, entre ellos la sostenibilidad del medio ambiente, la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los DDHH y los Derechos Colectivos. Este intento de crecimiento económico, acorde al crecimiento acelerado de la economía mundial, demanda para los países Latino Americanos, la explotación de sus materias primas, como la explotación de sus recursos minerales, en donde muchos países (Guatemala, Honduras, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros), recurren a la explotación de sus recursos minerales como un mecanismo de recaudación económica, y para ellos han facilitado la inversión extranjera en el sector de esta industria extractiva; aunque esto no ha tenido el impacto esperado dada la poca eficiencia de los Estados (sobre todo por marcos institucionales y legislativos débiles), y hasta el momento, su incapacidad de proteger y promover los derechos de sus ciudadanos, siendo evidente el desequilibrio entre el poder de las empresas transnacionales y los gobiernos; por consiguiente, las “negociaciones” han beneficiado más a las compañías que al país y sus ciudadanos.

La actividad minera en Guatemala, ya sea a cielo abierto o subterráneo, tiene un fuerte impacto social, especialmente en las comunidades directamente afectadas en las áreas de exploración y explotación. La industria minera genera cambios en el estilo de vida de los pobladores, la población pierde en la mayoría de los casos, sus medios de subsistencia (dada la tala de árboles y los cambios en el ecosistema); la operación de la industria altera la tradición comunitaria y los habitantes tienen que adaptarse a las nuevas condiciones. En algunos casos, el impacto es aún más fuerte porque la minera compra sus casas o sus parcelas, y esto desencadena conflictos sociales y división de la población, porque algunos están a favor y otros no.

El impacto social de la industria minera también se manifiesta por los efectos que ésta tiene sobre el medio ambiente y lo que ello representa para las comunidades. No sólo por la degradación de la tierra y la naturaleza, sino también por la contaminación de los afluentes de agua y los riesgos para la salud de las personas. Es decir, las comunidades sufrirán un efecto directo por lo que esta industria causa: destrucción de la vegetación, destrucción de los suelos, gestión de residuos, contaminación y uso del agua que pertenece a los pueblos, además los elementos tóxicos,producen enfermedades en la piel, cefaleas constantes, intoxicación de la sangre debido al plomo, enfermedades respiratorias provocadas por el excesivo polvo, afectando a toda la población y en el caso de Guatemala en particular, las mujeres se ven afectadas, dado que tienen que buscar agua potable (dado que se da un impacto negativo en la reducción del agua) en lugares más lejanos y son culturalmente las responsables de velar por la salud familiar.

En respuesta a este panorama, las comunidades se han organizado para resistir el avance de la minería en Guatemala, pero esto ha generado una respuesta negligente o represiva del Estado que ha conducido a la violencia y criminalización contra dirigentes comunitarios.

Pese a la resistencia de las comunidades, la actividad minera sigue adelante.
Basan su defensa y promoción en supuestos beneficios económicos y sociales que la actividad representa para el país, especialmente en aspectos como la generación de empleo y de ingresos tributarios para el Estado. También por la generación de proyectos de infraestructura en salud y educación a favor de las comunidades en su área de influencia. En consecuencia, cabe preguntarse cuál es realmente el costo-beneficio a nivel social, que esta industria genera, específicamente para las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos en desarrollo. Sobre todo, es importante analizar si este costo-beneficio, que el Estado de Guatemala parece defender como algo positivo y real, tiene algún aporte favorable para los índices de desarrollo humano de las comunidades directamente afectadas.

Un factor decisivo en el análisis, es el Estado, al que le corresponde crear, modificar y hacer cumplir el marco jurídico en el que se desarrolla la industria minera y que incluye, entre otras normas: la Constitución Política de la República (Art. 121 y 125), la Ley de Minería y su Reglamento, la Legislación Ambiental, la Ley Forestal (Decreto 101-96), la legislación del Fomento industrial y tributario, así como el cuadrante institucional directamente vinculado al tema (Ministerio de Energía y Minas –MEM-, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y las instituciones de poder local). En general, este marco jurídico-institucional avala y protege las operaciones mineras.

Al citar al Estado como un actor decisivo en el desarrollo de la operación minera, así como el marco jurídico establecido, se debe considerar los diferentes intereses que lo mueven a mantener una posición favorable a este negocio y quiénes son los actores que intervienen para que el mismo no se revierta, como lo demandan las comunidades, dado que el mismo Estado, ha ratificado convenios internacionales que instan a promover y generan condiciones para el Desarrollo Humano Social, respetando los derechos fundamentales de los seres humanos y sus derechos colectivos, acorde a su etnia y cultura. Sin embargo, el costo social que esta industria representa para los pueblos en las áreas de influencia y para el país en general, queda en segundo plano desde la perspectiva que parece defender el Estado.

El tema de la minería, ya sea a cielo abierto o subterráneo genera como mencionamos anteriormente, un rechazo y oposición por su impacto, no solo en Guatemala sino en otros países como México, Colombia, Ecuador, República Democrática del Congo, Sudán, por mencionar algunos.

En todos los casos, la sociedad civil organizada ha declarado públicamente la violación a sus derechos, específicamente en cuanto a:

- Derecho a la Consulta Popular (recibir información previa respecto a los beneficios y afecciones, así como la toma de decisión)
- Derecho a su Territorio (desalojos, compra de territorio)
- Derecho a la Vivienda (deterioro de sus viviendas, lo cual pone en riesgo la vida de la ciudadanía)
- Derecho a la Salud (Impactos ambientales, contaminación, escasez de agua, como efecto directo de la actividad minera)
- Derecho a la Paz y la Cohesión del Tejido Social (algunos son contratados para trabajar en la mina y otros no, lo cual genera conflicto y en otros casos la toma de decisión de la venta de su territorio, generando divisionismo dentro de la población que anteriormente no tenía conflicto alguno).

En el caso guatemalteco, la defensa de estos derechos humanos ha generado conflictividad por la falta de atención que el Estado presta a las demandas de las comunidades. En el contexto nacional, la población indígena ha jugado un rol particular e importante por su tradicional vínculo con la tierra y la naturaleza y por ser la población predominante en el área rural, donde tienen lugar los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, no podemos olvidar que el Estado y el gobierno de turno están al servicio de la sociedad civil y deben ser los primeros garantes de nuestros derechos fundamentales y colectivos.